Significa que los acusados no se representan bien? Tracy Olson, la defensora pública del condado, dice que no, pero al mismo tiempo la disparidad entre los recursos de la oficina del DA y el defensor público es demasiada grande para ignorar.
El Vanguard asistió a un seminario en San Francisco presentado por la Oficina del Defensor Público de San San Francisco. El curso fue titulado “Injusticia ordinaria.” El nombre viene de un libro de Amy Bach. Srta. Bacha fue una de los panelistas, y viajaba a través del país observando los tribunales y apuntando una lista larga de fracasos en el sistema, debido en parte porque la gente más afectada por la injusticia tienden de ser pobres, miembros una minoridad, o incapaces de protegerse o defenderse en otra manera. Los problemas son tan omnipresentes que se han hecho invisibles a las personas que deben ser las salvaguardas del sistema, ya se trate la defensa, los fiscales, o jueces.
El panelista más interesante fue Lawrence Benner, un profesor de derecho en California Western School of Law. Él publicó en la primavera pasada un articulo en la California Western Law Review, titulado “The Presumption of Guilt: Systemic Factors that Contribute to Ineffective Assistance of Counsel in California” (La presunción de la culpabilidad: factores sistémicas que contribuyen a la asistencia no efectiva de abogados de la defensa en California).
Escribió, “En teoría, cada persona acusada de un crimen serio viene al procesos protegido por una presunción de inocencia, apoyado por investigadores de la defensa, expertos, y otros recursos necesarias para presentar una defensa adecuada. No obstante, investigaciones empíricas llevadas a cabo por el autor para la Comisión de California para la Administración Justa de la Justicia (Fair Commission) muestran una realidad desalentadora que difiere mucho de esta teoría.
En cambio, él discute que existe una presunción de culpabilidad en nuestro sistema legal. Sus investigaciones empíricas encuentran una serie de asimetrías preocupantes entre los recursos y la pericia que reciben los abogados defensores nombrados y los que los fiscales reciben. Su investigación inspira nuestro estudio breve al sistema de justicia criminal en el condado de Yolo.
La investigación de Profesor Benner indica que “mas que 8 de 10 personas acusadas de delitos graves que son procesados en los tribunales superiores de California son indigentes y necesitan un abogado proveído por el condado.”
Siguió: “Nuestra investigación ha revelado que existen disparidades significantes entre los condados con respecto a sus capacidades y su dedicación de proveer servicios de defensa efectiva para los acusados indigentes. Más alarmante, esta investigación también documenta que, aunque los defensores públicos representan la gran mayoría de las personas acusadas de crímenes en California, en casi todos los condados en el estado hay una disparidad inquietante entre los recursos dados a los abogados fiscales y los recursos dados a la defensa. Para cada dólar gastado en el estado para la prosecución, solamente se gasta 53 centavos para la defensa de los acusados indigentes. Todavía al menos 85% (y en algunos condados 95%) de las personas acusadas de delitos graves necesitan un defensor público.”
En el Condado de Yolo, Tracie Olson cree que su oficina toma 75% de los casos de delitos graves, con el resto dividido entre el panel de conflicto y abogados privados. Cuando una persona necesita una defensa pública y el defensor público no les puede representar por cualquier razón, se representan por el panel de conflicto. Por ejemplo, es posible que haya múltiples acusados en el mismo caso y la oficina del defensor público no puede representar a todos. Los panelistas generalmente son abogados privados que tienen contratos con el condado. Es posible que 85-90% de personas acusadas de delitos graves se representen por dinero público en el condado de Yolo. En este caso, nuestro condado sería bastante típico.
Desafortunadamente, el condado de Yolo es bastante típico en términos de la disparidad de recursos entre los fiscales y la defensa. La American Bar Association (el consejo de administración para los abogados que practican en los EEUU) tiene diez principios entre los que existe la provisión, “Hay igualdad entre el abogado defensor y el fiscal con respeto a los recursos y el abogado defensor se incluye como un compañero igual en el sistema de justicia.” Según la citación del Profesor Benner, el jefe de la corte suprema, Warren Burger, declaró en Argersinger v. Hamlin que “el sistema para proveer representación y facilidades para la defensa debe ser tan bueno como el sistema que nuestra sociedad provee para los fiscales.”
Este problema persiste en el condado de Yolo, como en el resto del estado.
Como Tracie Olson afirma, “En 2009-2010, mi presupuesto tuvo $4.6 millones y el presupuesto del DA tuvo aproximadamente $12.3 millones. El panel de conflictos tuvo un presupuesto de $1.8 millones.”
Ella dijo, “La única cosa que el condado ha hecho bien, sin embargo, es manteniendo un balance de personal entre las dos oficinas. El ratio tradicional es 3:2. Este explica el hecho de que la oficina del DA tiene algunos abogados cuyos trabajos no producen casos que requieren la participación de mi oficina—el abogado de fraudes consumidores/ambiental y el abogado de la sustracción de menores son ejemplos. No obstante, la oficina del DA tiene un personal de apoyo mucho mas grande.”
Este es un problema importante y, de hecho, subestima la magnitud del problema. Una razón que explica la gran ventaja de recursos que tiene la oficina del DA es que ellos tienen acceso a muchos mas subsidios que tiene la defensa, como hemos reportado previamente.
Más peor es que el ratio no incluye los recursos que representan la policía y los agentes de libertad condicional, que ayudan los fiscales con sus investigaciones.
Este nos lleva a otro problema que cita Lawrence Benner: la proporción entre abogados y investigadores. Profesor Benner escribe, “Una mayoría de los especialistas certificados en la defensa criminal también reportó que la falta de recursos investigativos fue un problema importante para el sistema de la defensa de indigentes. En nuestra investigación de casos de apelación, descubrimos que el fracaso de realizar una investigación adecuada fue una causa grande de la representación inefectiva.
Lawrence Benner descubrió que la proporción media entre abogados y investigadores fue un investigador para cada 4.6 abogados, y que algunos condados tuvieron una proporción tanta como 1:9. El estándar recomendado es 1:3.
En el condado de Yolo, según Tracie Olson, tenemos 21 abogados en la oficina del defensor público, pero solamente cuatro investigadores. Estamos un poco bajo el medio con un ratio de 1:5.25. Debemos tener siete investigadores según los niveles recomendados.
Profesor Benner además citó los números excesivos de casos como un problema a través del estado. Escribe, “si se compara a las normas nacionales promulgados para garantizar la prestación de los servicios de defensa adecuados, descubrimos que la mayoría de estos sistemas de defensa indigente trabajan bajo números excesivos de casos. Más del medio de las oficinas de defensores públicos analizadas reportaron que sus abogados tuvieron números de casos que exceden los estándares nacionales establecidos por la Comisión Consultivo Nacional de Estándares y Metas para la Justicia Criminal y por la American Bar Association.
El problema de números excesivos de casos es obvio, especialmente después de leer el libro de Amy Bach. Defensores se abruman a menudo, no conocen bien los casos de sus clientes, carecen los recursos para hacer sus propios investigaciones, y como un resulto, muchos no reciben una defensa justa y adecuada.
Tracie Olson discute que eso no es un problema en el condado de Yolo. “Es difícil de contestar esta pregunta porque la Comisión Consultivo Nacional no ha definido—a mi conocimiento—lo que es un “caso,” dijo ella. “Es un nuevo delito grave? Es un subsecuente VOP en este mismo delito grave un caso distinto? Que ocurre si un abogado del panel de conflictos tomó este caso nuevo y nosotros fuimos designados no hasta el VOP? Se cuentan distintamente una modificación?
Siguió, “Yo sigo los números de casos para abogados individuos constantemente y transferencias de casos ocurren semanalmente. No obstante, tratamos de identificar tales casos en el principio del proceso porque es importante de mantener consistencia para el cliente.”
El claro que el condado falta recursos. Necesitaba cortar los personales y servicios en cada departamento. Me parece que el problema es que, como te informamos antes, la oficina del DA puede contar con las becas y los subsidios para financiar los programas que se han deslizado por las grietas. Tuvieron que recortar los programas no financiados por subsidios y becas. Pero la oficina del defensor público no tiene el mismo acceso a las becas y los subsidios.
Además, seguimos observando muchos casos que se han sido procesados demasiados o que no se han debido procesados en el primer lugar. Ambos de esos son peligros verdaderos. Procesos excesivos tienden de llegar a los acuerdos de aceptaciones a la culpabilidad para acusados que no son culpables, o que son culpables de menores delincuencias. Esta se exacerbará por la disparidad de recursos entre el defensor público y la oficina del DA porque la oficina del defensor público sentirá mas presión de concluir algunos de estos casos en una manera rápida.
El condado necesita comprometerse por lo menos de financiar igualmente la oficina del defensor público/panel de conflictos y la oficina del DA. Esta se nivelará la disparidad y dará una posibilidad mínima al acusado. Aunque este problema no es única al condado de Yolo, es una cuestión a la cual que el condado necesita dedicarse.
Reportaje de David M. Greenwald, Traducción de Samuel Bivins
