Esta semana, el proceso del Interdicto Gang se abre en el Tribunal Superior del condado de Yolo frente a la jueza Kathleen White. El lunes, los abogados de la Oficina del Fiscal del Distrito, junto con abogados que representan a los beneficiados del interdicto de pandillas que han elegido a cuestionar la orden se deliberaron y discutieron sobre peticiones preliminarias al juicio que darán forma a los más de cincuenta testigos que ambas partes podrán llamar según una decisión de la jueza White.
Antes del inicio del procedimiento, vecinos y activistas de los vecinos afectados hablaron con los periodistas. Rebeca Sandoval, quien ha estado a la vanguardia de la oposición al interdicto en West Sacramento, dijo, “La orden se dirige a ciudadanos inocentes y la comunidad se ha visto desgarrado por este mandamiento judicial. La comunidad nunca fue consultada ni informada de los impactos y la forma en lo que el Departamento de la Policía de West Sacramento calificaría los ciudadanos como miembros de pandillas y que todos viven en un área como una molestia pública. “
Phil Barros, un agente de la policía retirado y un experto sobre pandillas criminales habló también. Dijo que ha sido opuesto a este mandamiento de pandillas para cinco años y señaló que durante esos años crímenes en la región no han aumentado ni disminuido significativamente. Citó que los delitos principales en West Sacramento son casi inexistentes. “Los ciudadanos de West Sacramento deben preguntarse a sí mismos, son las calles de West Sacramento seguras para mi viaje? ¿Está amenazada mi familia por pandilleros conocidos?”
“Estas preguntas se han convertido importantes porque oficiales cifran estas cuestiones en los pensamientos de otros que no son de herencia latina y intentan a crear una división entre los ciudadanos”, continuó. “Sabemos que West Sacramento es un barrio seguro y una comunidad de la que la gente está orgullosa de ser parte, incluso las personas de herencia latina.”
Julián Pérez citó un artículo de la Vanguard que se publicó en marzo que investigó el uso de subsidios por la oficina del DA en un programa para “dinero para convicciones.” Le dijo a los periodistas: “Otra cosa que ha surgido que es aún más preocupante es un artículo de la Vanguard de marzo de 2010.”
“En marzo, el fiscal de distrito Reisig habló a los miembros de la Cámara de Comercio de Woodland”, dijo. “Allí, relató que entre 30 y 35 por ciento del presupuesto de la DA es financiado por subsidios utilizadas para investigar e iniciar procedimientos en diferentes áreas de la delincuencia. La semana anterior, hubo protestas y la oficina del DA había sido acusado de un empresa de “dinero para convicciones.”
“Básicamente, lo que esto representa es que la oficina del DA inicia excesivamente procedimientos judiciales,” dijo señor Pérez. “En el artículo, se habla de subsidios para la supresión de pandillas y lo que es preocupante es que los requisitos de los subsidios como se presentan exigen que la agencia debe ser capaz de aumentar el número de individuos que se identifican como miembros de pandillas y el número de delitos violentos.”
“Esto es muy preocupante”, continuó. “Lo que también es preocupante es que el Departamento de Policía de West Sacramento también recibe fondos federales a través del programa de recuperación de COPS, que significa ‘servicios de policía orientados a la comunidad.’ “Reciben dinero del subsidio para combatir las pandillas, así que es lógico que para segurar la operación continuado de la oficina del DA y el Departamento de la Policía de West Sacramento, es en su beneficio de demostrar un problema con pandillas en West Sacramento.”
“Los agentes del orden público del condado de Yolo declaran que hay más de 400 miembros de pandillas en Broderick, y sin embargo, sólo fueron capaces de servir a menos de 30 personas en cinco años con un requerimiento judicial. ¿Por qué cuando hay tantos? Obviamente, este número es una fabricación”, dijo Phil Barros.
Rebeca Sandoval señala, “La orden judicial viola los derechos civiles fundamentales y estigmatiza la juventud en una manera dañosa. Los criterios para validar a alguien como un miembro de una pandilla no exigen la comisión de un delito. Los criterios permiten la culpabilidad por asociación o la simple aplicación de la frase ‘miembro de una pandilla.’”
Mientras tanto, el proceso judicial continuó con la jueza Kathleen White escuchando y tomando decisiones sobre varias mociones distintas. La semana pasada, la Vanguard informó que la defensa se mudó para la recusación de todos los jueces del condado de Yolo, basándoselo en que muchos de ellos ya había presidido sobre los procesos de muchos de los acusados y por lo tanto se verían perjudicados por los resultados de los procesos.
Aunque la jueza White pidió la semana pasada que la moción sea puesto por escrito, también sugirió que podría presidir sobre las deliberaciones en una manera justa. El lunes se determinó que había asolado la moción por no presentarse en un tiempo oportuno. Ella no aceptó su explicación de que sólo la semana pasada se dio cuenta de la lista de testigos. Por otra parte, se dictaminó que no han podido probar su caso y no hubieron motivos legales para recusar.
La jueza White también se pronunció a favor de la moción de la acusación para excluir a los testigos no-expertos antes de sus testimonios. Ella dijo que en los más de 200 procesos sobre los que había presidido, ella siempre había excluido desde la sala del tribunal a las personas que serían testigos antes de sus testimonios para evitar la contaminación del testimonio.
El abogado de la defensa David Dratman arguyó que esta acción era discrecional por parte del tribunal y potencialmente excluiría a todos en West Sacramento, ya que cada uno de ellos era potencialmente un testigo y por lo tanto una de las partes. Sostuvo que en este caso no había ninguna razón real para excluir a nadie.
Gordon Kaupp añadió que los tribunales han adaptado los recursos de exclusión para evitar la contaminación. Sin embargo, en este caso, tenemos testigos que testificarán de cosas muy diferentes sobre la base de sus propias experiencias en vez de múltiples testigos que intentan a reconstruir la escena del crimen individual o el serie de actos en un caso común.
Mark Merin, otro abogado agregó que sería difícil de hacer cumplir a los testigos que no fueron identificados, que los potenciales testigos de refutación no pueden ser conocidos, y que en general tendría un impacto potencial mínima.
La jueza White evitó algunos de estos problemas por la limitación del número de testigos a cincuenta de cada lado, lo que reduciría el número de personas excluidas. Sin embargo, la defensa considera que el público debe tener derecho a asistir a este juicio público.
El juez Blanco dijo que los juicios grandes nunca están ordenadas. Ella argumentó que esto sería un proceso público y que en cada proceso, testigos nombrados fueron excluidos. No obstante, ella permitiría a los expertos a asistir desde el principio, incluso antes de su testimonio. Después de un nuevo debate sobre quién constituye un testigo experto, le pidió a ambas partes que arman una lista de expertos que intentan llamar y que pueden hacer frente a dicha lista en consecuencia.
La defensa presentó una moción para excluir a los acontecimientos desde fuera de la zona de seguridad. Después de todo, el propósito de la orden judicial de pandillas es determinar si la banda es en realidad una pandilla callejera criminal que sirve a una molestia en una ubicación geográfica particular.
El deputado DA Ryan Couzens, sin embargo, arguyó que el tribunal, a través del proceso, debe determinar los límites de la zona de seguridad. Sugirió que según la evidencia, el tribunal puede ampliar o reducir la zona de seguridad. Declaró que, debido a las limitaciones sobre el número de testigos, su oficina sería obligada de enfocarse en los casos pertinentes. Estaba preocupada en particular por un presunto ataque de bandas de los Broderick Boys sobre un número de individuos que ocurrió en el Memorial Park, al sur de la zona de seguridad y al sur de la I-80.
La jueza White determinó que no debe haber nada admitió que sería sur de la I-80, salvo el caso que Couzens citó en el Memorial Park.
La defensa también le preocupaba el calendario y sugirió que el objeto es de demostrar que en la actualidad existe una molestia, y no que era una molestia en el 2003. También están preocupados con el gran volumen de descubrimiento que el DA les dio bastante tarde en el proceso.
La oficina del DA discutió que parte de su objetivo debe consistir en demostrando que existe una molestia actual, sino también que los anteriores esfuerzos del interdicto ha reducido la delincuencia y también para presentar la historia de la región para apoyar el hecho de que es y ha sido una molestia. Declararon que con la limitación de testigos, que una vez más se verían obligados a decidir cuáles son los acontecimientos más importantes.
Gordon Kaupp, sin embargo, respondió que un testigo puede discutir una serie de situaciones distintas y las limitaciones sobre el número de testigos no es tan limitante como el DA está haciendo parecer. Él tiene una preocupación real sobre el volumen de documentos y aunque la defensa en general admitió que el punto límite de 2008 podría estar demasiado limitante, sobre todo considerando que muchos de los crímenes presuntos de los acusados fueron cometidos antes de 2008, que quieren algún tipo de parámetro razonable.
La jueza tomó la decisión que repetía una y otra vez, que el DA tendrá la carga de demostrar que la información es relevante. Más tarde ella haría el punto de que con ella misma como el verificadora de los hechos, en vez de un jurado, los hechos irrelevantes no serán tan útiles.
Este hecho pesó fuertemente en la discusión sobre si los expertos podrían citar el hecho de que un testigo o acusado era un “validado” miembro de una pandilla como prueba de la pertenencia a pandillas. La defensa obviamente arguyó que la acusación tiene que probar que eran un miembro de una pandilla con evidencia, no sólo la afirmación. La jueza White estuvo de acuerdo, al igual que la acusación, de que tendrían la obligación de probar este punto, y no solo de declararlo. La jueza White aún necesita pronunciarse sobre si debe permitir el testigo de mencionar si está “validado.”
El jueves, la jueza White rechazó la petición del Vanguard para poder grabar el audio del procedimiento. Citó la logística y razones de seguridad. La Vanguard no ha decidido si va a cuestionar esta decisión.
La jueza White tiene algunos pronunciamientos de hacer hoy, pero hoy también denomina el comienzo del proceso, lo que puede durar meses con su formato de “una semana si, la próxima semana no.” La Vanguard tendrá cobertura completa del proceso. Visita este sitio frecuentemente para noticias importantes.
—Reportaje de David M. Greenwald, Traducción de Samuel Bivins
