El fiscal de distrito de San Francisco, Chesa Boudin, pone fin al pago de fianza

Los fiscales de San Francisco ya no solicitarán fianza como condición para la libertad provisional

El miércoles, Chesa Boudin, cumplió una de las promesas clave de su campaña. Su oficina anunció, formalmente, la política de “poner fin a la práctica de solicitar fianza como condición de la libertad condicional (El artículo original sugiere «prisión preventiva»)”. Según la nueva política, si alguien permanece encarcelado antes del juicio no será basado en riqueza o pobreza, sino que dependerá del riesgo de fuga.

En un comunicado, la oficina declaró: “Al reemplazar el sistema de fianza por un sistema basado en riesgo, las personas que no supongan un riesgo de fuga serán liberadas rápidamente con condiciones apropiadas y no monetarias. Las que representen una amenaza grave para la seguridad pública serán detenidas, independientemente de su riqueza”.

“Durante años he estado luchando para poner fin a este enfoque discriminatorio e inseguro de la prisión preventiva”, dijo el fiscal de distrito Chesa Boudin. “De ahora en adelante, la prisión preventiva se basará en la seguridad pública, no en la riqueza”.

La nueva política, publicada por la oficina del fiscal de distrito, es “nunca buscar el dinero de la fianza durante la comparecencia”. La política continúa siendo que “buscarán la prisión preventiva en conformidad con la Constitución de California, para proteger la seguridad pública y garantizar el regreso razonable del acusado a la corte.”

Además, “la prisión preventiva será la última opción solo después de que se hayan considerado y determinado que todas las condiciones de liberación son inadecuadas para proteger la seguridad pública o para garantizar el regreso razonable del acusado a los tribunales”.

Se ha escrito que: “La seguridad pública y la seguridad de la víctima serán las consideraciones principales”.

La política formal señala que: “La prisión preventiva solo se considerará cuando los hechos sean evidentes, y la evidencia clara y convincente muestre una probabilidad sustancial de que la liberación del acusado resulte en un gran daño corporal para los demás o la huida del acusado”.

Se ha anotado que: “La probabilidad sustancial de fuga del acusado puede incluir detenciones por delitos graves en otras jurisdicciones. Las condiciones de liberación o detención pueden considerarse con el propósito limitado de garantizar que el acusado no sea trasladado a otra jurisdicción. Las consideraciones incluirán, entre otras, una comparación de la seriedad de los cargos a nivel local y para la detención, la incertidumbre de cuándo será devuelto el acusado y cómo mantener la unión de asuntos de los coacusados”.

El fiscal asistente en la lectura de cargos dice que en la nueva política se “recomendarán las condiciones de liberación según corresponda en función a la política pública y a toda la información disponible”. Esas determinaciones se reconsiderarán solo a partir de información nueva, o no conocida en el momento en que se realizó la determinación inicial.

Además, añaden: “Si la víctima lo solicita, el fiscal asistente en el tribunal le brindará a la víctima la oportunidad de ser escuchada durante la decisión de libertad provisional posterior al arresto”.

En su publicación señalan que “los contribuyentes de los Estados Unidos gastan $38 millones por día para encarcelar a personas que están en espera de juicio”. Defender el sistema de fianza tiene un alto costo que incluye la detención preventiva y la interrupción de la vida de una persona, lo que puede conducir a un aumento del 32.2 % en la probabilidad de futuros cargos por delitos graves y tiene un impacto inmediato en la capacidad de un individuo para mantener un ingreso y una vivienda.

Citan estudios, como los realizados por Human Rights Watch, que “han revelado que la liberación previa al juicio para aquellos que no presentan un riesgo para la seguridad pública hace que nuestros sistemas judiciales sean más justos y no da lugar a un aumento en la delincuencia ni a un aumento en las fechas perdidas en el tribunal”.

“La política del fiscal de distrito, Boudin, es un gran paso hacia un sistema más justo”, dijo John Raphling, investigador principal de Human Rights Watch. “Durante demasiado tiempo, los fiscales han utilizado la fianza y la prisión preventiva como palanca para presionar a las personas a declararse culpables, independientemente de la culpa real. La política de Boudin, que favorece la libertad provisional, es un cambio bienvenido y ayudará a construir la credibilidad de nuestros tribunales”.

Además, la oficina del fiscal de distrito cita que “la fianza ha impactado desproporcionadamente a nuestras comunidades más pobres, así como a las comunidades de color”.

En San Francisco, los afroamericanos pagan más de $120 per cápita por año en fianzas no reembolsables, en comparación con $10 per cápita por año para las personas blancas.

Además, dado que el 99% de las personas que pagan fianza en San Francisco usan compañías privadas de fianzas, existe una transferencia instantánea y dramática de la riqueza de los barrios y comunidades de color de bajos recursos a la industria privada; aproximadamente $10- $15 millones en tarifas no reembolsables se pagan anualmente a las agencias de fianzas.

El ex fiscal de San Francisco, George Gascón, introdujo una herramienta algorítmica de evaluación de riesgos en 2016 para alejar al condado del cobro de fianza, hacia un sistema basado en riesgo de la seguridad pública. En contraste a la fianza, esta herramienta ha ayudado a los fiscales a tomar decisiones más equitativas sobre las personas en prisión preventiva. Además, ha permitido a los fiscales y a jueces preservar la protección constitucional de la presunción de inocencia mientras se mantiene la seguridad pública a través de datos objetivos.

“Estamos emocionados de ver a la ciudad de San Francisco poner fin a la práctica racista y económicamente discriminatoria de la fianza”, dijo Raj Jayadev, cofundador de la organización comunitaria Silicon Valley De-Bug. “Es un esquema que destruye familias, comunidades y vidas, y el debido proceso que reclamamos es un derecho otorgado a todos y a todas. Si nos alejamos de la prisión preventiva y nos dirigimos hacia una comunidad justa y segura, debemos comenzar con el fin del indefendible cobro de fianza”.

La oficina del fiscal de distrito concluye: “Hoy, la oficina da el paso importante de formalizar una política que elimine la fianza y responda al llamado del presidente de la Corte Suprema de California, Tani Cantil-Sakauye y la Legislatura de California, de poner fin a este sistema injusto”.

—Reportó David M. Greenwald

—Traducción de Juan E. Miranda

SF DA Boudin Ends Cash Bail

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